Gracias por el link. A mí lo del abogado del Estado no me parece grave, porque Bankia está participada por el Estado. Y el Estado en España, en contra de la Constitución, se considera por sus funcionarios y representantes electos, algo distinto del pueblo español. Y por otro lado, si defendiese al pueblo español, como debería, ya tendría que haber anulado directamente la claúsula en los contratos de Bankia, que sería lo coherente. El Banco Central Europeo ya le dijo al Estado español que se deshiciera de Bankia, pero no le ha hecho caso, porque así puede defender al resto de la banca. Lo que sí ha hecho en su lugar es una especie de liguilla de capitales, involucrando a BNParís y al Deutsche con participaciones de estas hipotecas. Lo malo es que lo del irph es indefendible, porque son matemáticas básicas. Lo de que la normativa del Banco de España es para "tenerlo en cuenta para su cálculos pero no para los contratos con el consumidor" lo dice todo. Pero se colige una farsa, una falsa confrontación entre el español de la Comisión y la abogada del estado. Puesto que ambos han llevado el debate al terreno, vetado por el Tribunal, de las consecuencias de la nulidad. Y el de la Comisión ha hecho algo muy grave, que es justificar la irretroactividad por consecuencias para el sistema financiero. Puesto que esto es lo mismo que hizo el Supremo con el suelo, y se le tumbó por el TJUE, ya que los jueces no tienen ninguna formación o función,en macroeconomía, y sólo en aplicar la ley, y la ley es clara al respecto. Otra cosa con la que se le ve el plumero al español de la Comisión es en decir que no es válido para todos. Que habría que ver caso por caso. Yo creo que la cuestión de vetar las dos últimas preguntas por el Tribunal, es porque, a parte de hacerlas el juez de Barcelona de motu propio cuando no las había solicitado la parte, no tienen directamente que ver con el derecho europeo, es decir, el añadido por la Unión, aunque el derecho nacional forme parte al afectar a una materia propia de la Unión. Y sólo en el caso de que los jueces españoles incumplan en sentencia el derecho español, el Tribunal europeo obligará a aplicarlo, como en el suelo.