Muchos juzgados ya aplican el criterio del TJUE con el IRPH
El retraso del Tribunal Supremo no solo causa perjuicios económicos, sino también emocionales: hogares que no llegan a fin de mes, personas que han perdido su vivienda y otras que ya no pueden recurrir sus sentencias firmes. Todo por la inacción de un tribunal que debería garantizar justicia, no impunidad.
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Durante más de una década, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) ha sido el epicentro de una de las mayores injusticias financieras sufridas por los consumidores españoles. Más de un millón de familias firmaron hipotecas vinculadas a este índice, confiando en sus bancos y sin saber que estaban aceptando unas condiciones que les harían pagar miles de euros más que quienes tenían préstamos referenciados al euríbor. Hoy, por fin, muchos juzgados comienzan a aplicar el criterio europeo, pero el daño ya está hecho. ?
A pesar de la escandalosa tardanza del Supremo para dar su brazo a torcer, las sentencias favorables se extienden
Los jueces españoles han comenzado a aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado 12 de diciembre de 2024 determinó que las hipotecas referenciadas al IRPH deben someterse a un control de transparencia. Desde entonces, diferentes juzgados y audiencias provinciales —como la de Soria, San Sebastián o Murcia— han anulado el IRPH al considerar que las entidades no ofrecieron a los consumidores información suficiente sobre su funcionamiento. Estas resoluciones suponen una victoria moral para los afectados, aunque llega demasiado tarde para muchos que han perdido su vivienda o han sido arrastrados a la ruina por cuotas hipotecarias desorbitadas.
Distintas sentencias y criterios
Las decisiones judiciales han sido variadas, reflejando el caos y la inseguridad jurídica que ha imperado durante años. Mientras algunos jueces sustituyen el IRPH por el euríbor y obligan a la banca a devolver las cantidades cobradas de más, otros han llegado a anular por completo el contrato hipotecario, dejando al consumidor libre de intereses y al banco obligado a devolver las cuotas abonadas. Sin embargo, todavía existen juzgados que mantienen el criterio del Tribunal Supremo español, que hasta ahora ha protegido descaradamente a las entidades financieras. Esta disparidad demuestra que el Supremo ha actuado con una tardanza injustificable, generando confusión y desigualdad entre los afectados.
La falta de transparencia es manifiesta
El TJUE dejó claro que el hecho de que el IRPH sea un índice oficial no exime a los bancos de su deber de transparencia. Las entidades debían haber explicado a los clientes que el IRPH se calcula en función de la TAE media, que incluye no solo intereses, sino también comisiones y gastos. Además, debían informar de que el Banco de España recomendó en 1994 aplicar un diferencial negativo para compensar el encarecimiento del índice. Nada de eso se comunicó. Los contratos se firmaron sin información comprensible ni accesible, con una opacidad que vulnera el principio básico de protección al consumidor. Las sentencias más recientes, como las de Soria y San Sebastián, subrayan que ningún cliente podía entender las consecuencias de vincular su hipoteca al IRPH con la información que se le proporcionaba.
También hay juzgados que siguen el criterio del Supremo y fallan contra los afectados
No obstante, todavía hay tribunales que siguen el camino marcado por el Supremo español, alegando que el IRPH es un índice oficial publicado en el BOE y, por tanto, no puede considerarse abusivo. Esta postura ignora el mandato europeo y perpetúa el sufrimiento de miles de familias que continúan pagando cuotas muy superiores a las del mercado. La contradicción entre tribunales erosiona la confianza en la Justicia española y evidencia que el Supremo, lejos de velar por los derechos de los ciudadanos, ha actuado como escudo de la banca, anteponiendo sus intereses a los de los consumidores.
La tardanza del Tribunal Supremo es escandalosa y causa situaciones de injusticia
El Supremo deliberó el pasado 1 de octubre sobre la última sentencia del TJUE, pero aún no ha hecho pública su postura. Cada día que pasa sin pronunciarse condena a miles de familias a seguir pagando intereses abusivos. El retraso no solo causa perjuicios económicos, sino también emocionales: hogares que no llegan a fin de mes, personas que han perdido su vivienda y otras que ya no pueden recurrir sus sentencias firmes. Todo por la inacción de un tribunal que debería garantizar justicia, no impunidad.
El caso IRPH pasará a la historia como un ejemplo de cómo el sistema judicial puede fallar a los ciudadanos cuando más lo necesitan. Mientras el Supremo sigue mirando hacia otro lado, los juzgados de base están haciendo justicia, aplicando el criterio europeo y reconociendo lo que desde hace años era evidente: el IRPH es un índice opaco, abusivo y diseñado para beneficiar a la banca en detrimento del consumidor.
Comenta Eduardo de Manzanares el Real
Domingo, 19 Octubre 2025 | 07:05:55 PMResponde Luis de Madrid
Lunes, 20 Octubre 2025 | 12:49:29 PM