La reunificación de las deudas es un recurso económico cada vez más utilizado por los consumidores, al contemplar que cada vez es mayor su nivel de endeudamiento y que los ingresos que deben destinar a satisfacer a todos sus acreedores son cada vez mayores, quedándose cada vez con menos margen de dinero libre.
La cuota mensual de hipoteca que va aumentando en cada revisión gracias al aumento de los valores del Euribor y demás índices de referencia de préstamos hipotecarios; el pago de los otros préstamos, como el coche, el de los muebles; las deudas de las tarjetas, cada vez más utilizadas para poder terminar el mes o para poder comprar aquello que deseamos y la única posibilidad es recurrir a la tarjeta para financiarlo, son algunas de las muchas deudas que podemos llegar a tener, y que por cada una de ellas pagamos sus respectivos interés. En este sentido aparecen una importante cantidad de anuncios y de referencias sobre la reunificación de deudas.
Generalmente se trata de unir todas las deudas y generar una sola cuota en la que este todo incluido. Al tener la hipoteca, es posible aumentar esta y con este nuevo capital pagar las restantes deudas o préstamos. Aumentará la cuota de nuestra hipoteca, pero a cambio, ya no tendremos que pagar los restantes préstamos y además habremos reducido considerablemente la cantidad total que necesitábamos para pagarlo todo. Aprovechando esta coyuntura de endeudamiento muchas entidades intermediarias entre el consumidor y las entidades bancarias ofrecen sus servicios con promesas muy atractivas para aquellos que se siente muy ahogados con sus deudas.
El gobierno va a tratar de proteger a los consumidores que solicitan los servicios de estas entidades intermedias a través de una ley. Estas son sus intenciones porque va a remitirá al Consejo de Estado un anteproyecto de ley para proteger a los consumidores y para regular la actividad de estas entidades que se dedican a reunificar créditos. Así lo avanzó el día 16 el secretario de Estado de Economía, David Vergara. Ahora están entidades deberán ser más transparentes.
Se busca que los consumidores conozcan siempre lo que contratan y de unificar los requisitos que deben cumplir los créditos al consumo, las hipotecas, para que las exigencias sean las mismas con independencia de la entidad en que se realiza el préstamo. Al fin y al cabo estas entidades intermedias tendrían con la ley las mismas obligaciones que tienen los bancos y cajas de ahorro.
La entidades deberán inscribirse en las comunidades autónomas y se creará un registro estatal en el Instituto Nacional de Consumo. No podrán aplicar cantidades superiores a las que se deriven de las tarifas correspondientes y las comisiones que cobren responderán a servicios efectivamente prestados o a los gastos realmente ocasionados. Se les obligará que reflejen sus tarifas en un folleto y que dispongan de un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público. Si se señala el importe del crédito o coste, informarán también sobre el TAE (Tasa Anual Equivalente) y deberán formular al consumidor de una oferta vinculante.